Paíno Abreu pide a los sectores sensatos acoger proyecto reforma Ley Alquileres

Dijo que contrario a la opinión de algunos, la pieza no ocasionará problemas a los propietarios de viviendas, sino que servirá de garantía en caso de que el inquilino fallara en pagarles las mensuales acordadas.

 Negó que depositar en el Banco Agrícola los avances por renta frenará la construcción de viviendas, porque es todo lo contrario, y se preguntó que “desde cuándo los avances como depósitos por alquiler dejaron de ser propiedad del inquilino, y desde cuándo un inversionista inmobiliario decide hacerlo pensando en apropiarse de los avances de alquileres”.

Aseguró que en manos del Banco Agrícola dichos recursos vendrán a dinamizar la economía rural e incidirán en la construcción de nuevas viviendas y en mejorar las existentes en el campo, ya que, a su juicio, por primera vez se orientarán créditos para esos fines en el campo, además, que a medida que ingresen más recursos financieros a la zona rural en esa misma forma se produciría una mayor circulación de dinero hacia los diferentes sectores productivos y comerciales.

El administrador del Banco Agrícola se preguntó que “quién financia hoy en día la construcción de viviendas en el campo”, y se contestó que “con esos recursos se abre esa oportunidad”.

Abreu Collado lamentó el hecho de que algunos sectores se “quejen de que se den incentivos al sector agrícola”, pero que precisamente son otros sectores de la economía los que han vivido permanentemente subsidiados, mientras que en la agropecuaria lo que mayormente se ha subsidiado es el consumo, para que los alimentos lleguen baratos a la población.

Expresó que mientras se decide en el Congreso la modificación de la Ley de Alquileres, el Banco Agrícola está contemplando no recibir más aquellos depósitos que no cumplan con la ley vigente y las especificaciones del contrato entre el propietario y el inquilino, evitando así privilegios irritantes a los violadores, en   contraposición a los propietarios que son fieles cumplidores de la ley y llevan religiosamente a la institución los avances por alquileres.

Aseguró que en la actualidad la cartera crediticia de la institución en el campo registra un monto de 7,800 millones de pesos, cuando la demanda anual anda por encima de los RD$30,000 millones, sin embargo, recursos que deberín estar disponibles para el sector, están siendo usados para satisfacer intereses personales y de grupos, que son los que se oponen a la modificación de la Ley de Alquileres.

Abreu Collado precisó que en la entidad ese dinero no sólo está garantizado sino que también gana intereses y lo comprueba el hecho de que en el tiempo de vigencia de la legislación ninguna persona ha tenido problema alguno para retirar sus depósitos por concepto de alquiler de viviendas y edificios comerciales.

Informó que en cumplimiento de la Ley de Alquileres la institución tiene depósitos por más de RD$330.0 millones, pero que eso es tan sólo una mínima parte del total.

Sostuvo que por su bajo costo y plazos largos, los depósitos de alquileres son la mejor y más grande fuente de fondeo que utilizaría la institución para captar recursos financieros y luego prestarlos a los productores agropecuarios, y agregó que esa es una gran solución que a nadie perjudica y por el contrario, todos los participantes ganan, porque el Banco Agrícola sólo presta los fondos del público cuando tiene plena garantía de que serán recuperados.

Señaló que esos recursos depositados en cuentas de ahorro del Bagrícola, permitirán hacer préstamos a los productores a tasa de interés baja y a plazos más largos, lo que da oportunidad para la adquisición de tecnología de punta y hacer inversiones en plantaciones frutales y otras que requieren varios años para el retorno del capital, y que en verdad es lo que dará competitividad al sector.

Explicó que la Ley 17-88 del año 1988, que modificó la 4314 del 18 de octubre de 1955, autorizó al Banco Agrícola a ser depositario de los avances de las rentas de viviendas, pero que en general la misma sólo es cumplida parcialmente por propietarios y abogados cuando tienen problemas con los inquilinos. Antes del 1988 esos valores eran recibidos por la desaparecida Dirección General de Rentas Internas, específicamente cuando el propietario se negaba a recibir las mensualidades acordadas.

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