Paíno Abreu pide a la JAD definir planteamientos sobre financiamiento

Lamentó el hecho de que mientras los principales directivos de la JAD exponen sus quejas sobre la escasez de crédito en el campo y las necesidades de recursos financieros, que rondan los RD$40,000.0 millones, de los cuales el Banco Agrícola aporta el 20 por ciento, y el otro 80 por ciento lo colocan básicamente intermediarios, comerciantes, exportadores, procesadores y toda clase de prestamistas y usureros, no se pronuncian favorablemente por la modificación de la Ley de Alquileres, a sabiendas de que es la única fuente de fondeo que puede incidir en forma determinante en el desarrollo de la zona rural.

Abreu Collado afirmó que no entiende a la JAD, entidad que parece defender intereses de otros sectores y no de los empresarios agropecuarios dominicanos. Comentó que es cierto que falta crédito en la zona rural, pero ahí hay una propuesta que después de años de estudio se ha encontrado como la única posibilidad legal y correcta que funcionaría como un verdadero instrumento de desarrollo del campo y que no es más que la reforma a la Ley de Alquileres, que traerá al sector agropecuario recursos financieros a bajo costo y a largo plazo.

Entiende que el financiamiento en el campo no se debe politizar y que los sectores involucrados deben unirse en torno al proyecto de reforma de la Ley 4314, el cual fue sometido al Senado por el Poder Ejecutivo el 18 de enero de 2010, pero que todavía no se determina su status en ese hemiciclo.

El administrador del Banco Agrícola consideró que el financiamiento en el campo es una cuestión muy seria que no puede confundirse con políticas paternalistas del Estado, sino que es un instrumento de creación de riqueza, incremento de fuentes de empleo, y generación de divisas y que favorece la competitividad de los sectores productivos nacionales.

Sostuvo que la JAD y algunos empresarios agrícolas abogan por financiamiento en el campo, sin embargo, tratan de ignorar la reforma a la Ley 4314, a sabiendas que la misma obligaría a que se depositen en el Banco Agrícola los avances por alquileres de viviendas y locales comerciales, los cuales serían especializados en la producción de alimentos en el campo.

Abreu Collado expresó que para estimular el desarrollo rural el Banco Agrícola desea financiar con tasas de interés blandas todas las actividades económicas en la zona rural, es decir, permitir a los productores construir y mejorar sus casas, adquirir muebles y equipos electrodomésticos, así como financiar el estudio de sus hijos y medios de transporte de la producción, entre otros. Agregó que al Bagrícola no le ha sido posible ejecutar esos programas de financiamiento, incluyendo uno de microcrédito para revolucionar los pequeños negocios en el campo, por la falta de recursos.

Destacó que “el Poder Ejecutivo ha hecho una propuesta que ganan los inquilinos, ganan los propietarios y gana toda la sociedad al disponerse de recursos financieros abundantes que pueden ser traspasados a la agricultura y la ganadería a tasa de interés baja y plazos largos para la producción de alimentos y otras inversiones, haciendo que nuestros agricultores puedan competir en los mercados”.

Indicó que el objetivo mayor del proyecto del Poder Ejecutivo es crear las condiciones para que se cumpla la ley y permitirle al Banco Agrícola captar los recursos financieros por concepto de depósitos de renta de viviendas y locales comerciales, para transferirlos a bajas tasas para actividades económicas y productivas en el campo, sin embargo, sobre eso la JAD no dice nada.

El administrador del Banco Agrícola expresó que la Ley 4314 manda que los avances por alquileres de los inquilinos se depositen en cuentas de ahorro del Banco Agrícola, pero que la mayoría de los propietarios de viviendas no la cumplen.

Planteó la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma a la Ley 4314 propuesta por el Poder Ejecutivo, para permitir a la institución obtener los recursos para financiar la inversión de nuevas tecnologías, de manera que los productores puedan alcanzar la competitividad en los mercados locales e internacionales y, a la vez, puedan acceder a préstamos para la construcción y reparación de viviendas en la zona rural.

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