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Sugieren bancarizar a los créditos agropecuarios dentro de políticas públicas para impulsar mercados financieros rurales

URGEN DEFINIR PRIORIDADES SEGURIDAD ALIMENTARIA Y   GESTION DE RIESGOS AGRICOLAS EN LA REGION.

Santo Domingo.- La Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, conoció las conclusiones y recomendaciones de la reunión sobre Financiamiento Agrícola y Rural celebrada los días 29 y 30 del pasado mes de marzo en Santo Domingo,  donde se destaca la necesidad de establecer políticas públicas que impulsen los mercados financieros rurales,  y la incorporación al sistema financiero formal de los campesinos,  junto a las pequeñas y medianas industrias del sector.

El documento sugiere “definir las prioridades nacionales para la seguridad alimentaria en la región,  vía el aumento de la productividad y competitividad,  incrementando el financiamiento en tecnología.”

Las entidades latinoamericanas de financiamiento recomendaron alcanzar la mejor  canalización de los fondos públicos,  al margen de todo tipo de interferencia, a fin de que los bancos de desarrollo fijen tasas de interés que además de asegurarles una sana gestión, permitan una eficaz asignación de recursos.

También consideraron que ante el cambio climático hay que enfocarse mas en la adaptación, antes que en la mitigación, haciendo necesario movilizar capitales hacia la innovación tecnológica, los cambios de cultivos y la adaptación de nuevas variedades.

Por otra parte, debe promoverse la demanda de servicios financieros  en el campo sobre la base de la creación de valor agregado.

Nuestros países igualmente deben propiciar sistemas de cobertura de precios de contratos de venta de la producción con anterioridad a la cosecha. Impulsar también el desarrollo de bolsas agropecuarias, asociaciones productivas, fideicomisos especializados; así como garantía y gestión de contingencias agrícolas ante catástrofes,  con seguros agropecuarios de participación mixta, público-privada,  y primer subsidiado según las estrategias de desarrollo rural y seguridad alimentaria.

Se considera asimismo necesario desterrar la idea de las condonaciones de deuda, existente todavía en la mente de algunos líderes de América Latina, pues en los casos en que se justifique otorgar ayuda  lo recomendable es acudir a recursos especiales o del presupuesto nacional,  que no descapitalicen a las instituciones financieras aunque se otorguen mayores plazos para el saldo de la deuda.

La inversión en tecnología,  en mecanismos de alerta temprana y estaciones meteorológicas, son también de las recomendaciones para prevenir contingencias en la agricultura.

Otras observaciones sugieren alianza de las  instituciones financieras con otras entidades diversas,  que apoyen al usuario del crédito rural,  y considerar la incorporación de estímulos a la banca comercial privada para compensar los costos operativos del servicio al sector agropecuario.

En general se estimó que el apoyo al sector rural debe tener un enfoque integral y abarcador de múltiples aspectos además del crédito y seguros, como alfabetización financiera y ambiental, mecanismos de cobertura e información; y para diversificar el riesgo, financiar actividades rurales no agrícolas con las formas de pago apropiadas.

En la 42ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE,  efectuada en Quito, Ecuador los días 7, 8 y 9 del presente mes, la República Dominicana estuvo representada por Paíno Abreu Collado, Administrador General del Banco Agrícola, y Roberto Payano Bonilla, Subgerente del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, BNV, entre otros.

La Ministra Coordinadora de la Política Económica de Ecuador Lic. Jannet Sánchez representó al Presidente Rafael Correa en la asamblea encabezada por la ingeniera María Soledad Barrera, quien fue electa a unanimidad tras ser propuesta por la delegación de Colombia secundada por la delegación dominicana encabezada por el ingeniero Paíno Abreu Collado.

El cónclave contó con la participación de representantes de 23 naciones latinoamericanas y además representantes de Alemania, China, España, India, Rusia, Suecia, y organismos internacionales entre los que se cuenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-.

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